Doctora Carolina Salinas Alarcón, Secretaría de Género, Universidad Católica del Norte UCN Sede Coquimbo
Hace un par de semanas, en un programa político de televisión se generó un debate bastante acalorado sobre la nueva Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres; ley que fue aprobada recientemente en el Congreso y promulgada por el Gobierno con apoyo transversal de todos los sectores políticos de nuestro país.
Dentro de los argumentos que se esgrimía, se dijo que era una Ley anti hombres, una ley pro aborto, que era subjetiva, antojadiza, impracticable y que la única posibilidad era derogarla.
La Ley 21.675, denominada Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, reconoce en primer lugar que las mujeres viven violencia sólo por el hecho de ser mujeres. Amplía las obligaciones del estado indicando que no solo debe investigar y sancionar, sino también hacerse cargo de la prevención y la reparación, acorde a los compromisos emanados de la Convención de Belém do Pará, instrumento internacional suscrito y ratificado por Chile desde 1996.
Entre los aspectos más relevantes, la ley mejorará la fiscalización de las medidas cautelares generando un mecanismo que permita garantizar su cumplimiento. Además, amplía las medidas cautelares a delitos y agresiones que ocurran fuera de relaciones filiales, afectivas o de convivencia. Hasta ahora, solo se pueden decretar medidas cautelares inmediatas en los casos de violencia intrafamiliar.
La semana pasada, la ciudad de La Serena fue testigo de un asesinato cruel con ensañamiento de una joven mujer Camila Rojas, quien fue brutalmente apuñalada 97 veces, por un vecino, en presencia de su hija y hermana ambas menores de edad, resultando una de ellas herida.
Las razones que originan este ataque se desconocen aún, pero nada justifica una agresión de esta naturaleza. Tristemente, no es el único caso. En nuestro país, según las cifran entregadas por SernamEG, ya se registran 23 femicidios consumados y 153 femicidios frustrados, cometidos por parejas o ex parejas. Sin contar las denuncias por violencia y las medidas de protección que se vulneran porque nadie fiscaliza.
Este hecho es una dramática forma de recordar que la violencia contra las mujeres es un problema estructural, dado que para que ocurra hay más factores que una víctima y un agresor. Existe todo un sistema que no trabaja en prevención y es laxo a la hora de abordar y sancionar debidamente.
Como evidencia de esa laxitud, hace poco se supo del asesinato en Córdova (Argentina) de una mujer de 34 años (Christelle Heredia), quién fue apuñalada por su pareja, un joven chileno, que ya tenía en nuestro país varias denuncias por violencia contra sus anteriores parejas, y que tenía una orden de detención en su contra, además de las consabidas medidas de protección, las que no se habían respetado. En Argentina, ese hombre está preso y arriesga una condena de 30 años por el homicidio, gracias a que en ese país ya cuentan con una Ley Integral desde hace varios años.
No podemos saber si con Ley Integral vigente en Chile, se podría haber salvado la vida de Camila. Pero sí podemos sospechar que de haber estado vigente la Ley, el asesino de Christelle, no habría podido salir del país, habría cumplido su sentencia, y probablemente ella seguiría con vida.
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