Información fue aportada por equipo del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden).
Los resultados preliminares de un estudio que estima el riesgo aluvial existente en el sector del campamento Aurora Esperanza, ubicado en la cuenca René Schneider de Antofagasta, presentó un grupo interdisciplinario de especialistas del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden).
La información fue entregada a autoridades de la municipalidad de Antofagasta, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y a los habitantes del asentamiento, en el contexto de cumplirse durante este mes los 33 años del gran aluvión que afectó a la capital regional el 18 de junio de 1991, dejando millonarios daños materiales, damnificados y pérdida de vidas humanas.
El equipo del Cigiden seleccionó e identificó el campamento Aurora Esperanza como zona de estudio para la estimación del riesgo aluvial. Este asentamiento informal, formado en 1993, cuenta en la actualidad con 380 familias, según el catastro de Techo Chile 2022-2023, ubicándose en el piedemonte de la ciudad de Antofagasta.
La geóloga de la Universidad Católica del Norte (UCN), candidata a doctora por esa casa de estudios e investigadora de Cigiden, Francisca Roldán, indicó que el sector, por sus características geomorfológicas, no es apto para asentamientos urbanos, añadiendo que es una zona propensa a aluviones, caídas de roca, deslizamientos de suelo y al impacto que podría generar un sismo o un incendio.
A lo anterior, se suma la presencia de un grupo humano en situación de alta vulnerabilidad física y social y que, dado el alto número de población migrante, presenta una baja percepción del riesgo y preparación, específicamente ante la amenaza aluvial.
RIESGO
La investigadora indicó que el objetivo del proyecto es evaluar el riesgo aluvial, para lo cual se realizó un análisis integral de las amenazas, además de la vulnerabilidad física (estructural y exposición) y social del sector, con el fin de cuantificar el riesgo mediante una metodología inédita que integra diversas disciplinas. “Este proyecto, a su vez, es una propuesta metodológica, la cual puede ser aplicada en otras áreas de nuestro territorio, siendo un aporte directo para la mitigación del riesgo de desastres en nuestro país”, resaltó.
Agregó que, para llegar al análisis de la amenaza aluvial propiamente tal, se utilizan datos geológicos que abarcan análisis del suelo (sedimentológico), morfométrico e hidrometereológico. Estas mediciones permiten determinar la respuesta hidrológica de la cuenca donde se ubica el campamento ante una lluvia probable, lo que, a su vez, se traduce en identificar el tipo de flujo, el tiempo de evacuación, las zonas específicas de impacto y exposición. Lo anterior se logra mediante modelaciones matemáticas del flujo de detritos (aluvión) para lluvias futuras y representadas por un periodo de retorno específico, utilizando topografía de alta resolución (centimétrica) que identifica las irregularidades del terreno y urbanas.
Para determinar la vulnerabilidad social, en tanto, se usaron metodologías cualitativas, como observación a través de caminatas por el campamento y la realización de entrevistas semiestructuradas a actores claves y habitantes del lugar. A partir de eso se logró identificar situaciones de vulnerabilidad al interior del asentamiento, como también la interacción entre las causas de fondo, condiciones inseguras, y presiones dinámicas. “Se identificó una alta variabilidad estructural de las viviendas en un área acotada. Sumado a esto, se identificó una preocupante distribución aleatoria de las viviendas, conformándose estrechos pasajes, estructuras de escalera y algunas zonas pavimentadas que implican cambios que son muy complejos de cuantificar e impiden una efectiva determinación de la capacidad de infiltración del aluvión, el tiempo de evacuación y el acceso de vehículos de emergencia. Finalmente, lo que pretende este análisis es identificar las viviendas con mayor o menor resistencia ante un posible impacto de aluvión en el área”, indicó.
La integración de todos los elementos descritos y contemplados en la investigación del equipo de Cigiden se traduce en la obtención de mapas con tres niveles de riesgo, los que permiten dilucidar las áreas del campamento que requieren un mayor foco de atención en términos de gestión y reducción del riesgo de desastres, entendiendo el contexto general de alta exposición y vulnerabilidad en el que se encuentra el campamento Aurora Esperanza.
El equipo Cigiden estuvo integrado por Francisca Roldán, Valentina Acuña, Simón Inzunza, Katherine Campos, Leila Juzam, Nikole Guerrero e Iván Salazar.
ANTOFAGASTA
En cuanto a la situación general de Antofagasta, la geóloga formada en la UCN destacó como positiva la existencia de obras de mitigación. No obstante, por lo largo de la ciudad, estas estructuras solo cubren un sector de la urbe, quedando amplias zonas expuestas. “La ciudad tiene más de 50 quebradas que generan aluviones y en estos momentos tenemos entre 11 y 12 obras de mitigación. Una gran parte de la población está expuesta y sus viviendas son bastante vulnerables. Una gran parte de las tomas y campamentos viven en exposición directa a este tipo de amenazas”.
Añadió que existen casas dentro del plan regulador comunal que también están expuestas, a lo cual se agrega una falta de preparación de la comunidad ante una situación de precipitación que genere este tipo de amenazas. “No tenemos ensayos, no tenemos educación”, sentenció.
Por otro lado, añade que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) está ahora a cargo de los mapas de amenaza y eso conlleva un gasto presupuestario y de personal. “Los mapas de impacto se tienen que actualizar, ya que están bastante antiguos y, por lo mismo, esa información debe ser renovada, lo que requiere una inversión monetaria y de personal que hasta el momento no se ha hecho”.
PLAN REGULADOR
La investigadora también recalcó la necesidad de actualizar el Plan Regulador Comunal y en avanzar en ensayos y en la preparación y educación de la población en la ciudad. “Esto me parece bastante grave, ya que el cambio de ley, de Onemi a Senapred, indica que debemos ser un país más precavido en vez de ser más reactivos”, añadió, junto con indicar que la educación de la población es fundamental para una preparación efectiva.
En el caso del Plan Regulador Comunal, indicó que no se ha renovado en más de 10 años, y que actualmente está en proceso de actualización. Sin embargo, esta estructura interna metodológica, en cuanto a su desarrollo, tiene algunas falencias, ya que no es multidisciplinario, no está obligado a seguir las indicaciones del Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile) y tampoco está ligado a las nuevas investigaciones de la comunidad científica. “Es urgente que tengamos planes reguladores que sean capaces de poder generar una urbanización adecuada para poder ser preventivos y también disminuir los niveles de impacto ante posibles amenazas de aluvión”, enfatizó.
Francisca Roldán apuntó que Antofagasta es la ciudad que tiene la mayor cantidad de obras de mitigación, pero que estas no cubren la mayoría de las quebradas. “Estas obras se tienen que mostrar a la comunidad. La gente debe saber para qué son y cómo funcionan”. Asimismo, recalcó la necesidad de contribuir en su conservación, manteniéndolas libres de basura para no disminuir su capacidad de infiltración y retención de los flujos aluviales. “Se requiere que las autoridades preparen y eduquen a la población para que esta entienda para qué son estas obras y cuáles son sus objetivos”, sentenció.
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