Pablo Gres, académico, Escuela de Derecho UCN, Coquimbo
Hace algunas semanas, por los medios de prensa, nos enteramos del ‘caso audios’, que comenzó con la filtración de mensajes en los que un influyente y muy bien posicionado abogado, Luis Hermosilla, acordaba favores mutuos, concertaba para la comisión de ilícitos, y acordaba pagos por ello, entre otras cosas. El caso ha repercutido en varios niveles, implicando a empresarios, políticos e incluso ministros de las Corte Suprema.
Lo ocurrido (así lo sostuvo la misma Corte Suprema en el procedimiento disciplinario abierto en contra de la ministra Vivanco) afecta gravemente la independencia, la probidad, y la transparencia del Poder Judicial.
Más grave aún. Los hechos de los que nos hemos enterado advierten que algunos de los estandartes más básicos del Estado Liberal parecen estar fuertemente afectados. Si lo informado logra ser acreditado, si es que resulta cierto que los favores concedidos van desde la intervención en nombramientos, a la integración de salas a pedido, o a la dictación de fallos acordados previamente, o en un muy reducido plazo, no queda más que concluir que, en nuestro país, es posible manipular el sistema político y judicial para obtener beneficios.
Sobre este asunto podría ofrecer una reflexión sobre el comportamiento ético que se espera de los abogados y de los operadores jurídicos en general y sobre cómo deberían ser las cosas en este campo profesional. Sin embargo, en estas breves líneas quiero detenerme en otra cuestión más profunda y que no es autoevidente. Todo lo ocurrido, en realidad, es un síntoma de algo tanto más grave. Lo que observamos es una crisis de legitimidad de las instituciones.
Si el caso tiene repercusiones a tantos niveles y en tantas dimensiones, el problema no es (sólo) el intercesor, ni el resto de los involucrados. El caso es de gravedad absoluta, sin duda, pero no es el primer ni único caso de este tipo que hemos conocido.
La crisis de legitimidad institucional que intento describir se manifiesta no solo en la profunda desconfianza que la ciudadanía ha comenzado a desarrollar hacia los órganos del Estado, sino también en la conducta de los mismos actores que encarnan las instituciones.
Cuando los altos funcionarios utilizan las instituciones para su propio beneficio, el Estado ya no es visto como un actor imparcial, sino como uno que está a merced de los intereses privados.
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